jueves, 23 de mayo de 2013

asamblea en defensa del agua y la tierra


http://asambleaendefensadelaguaylatierra.blogspot.com.ar/

ROMPIENDO LA INERCIA / RADIO CANELO / SANTIAGO

Audio programa radial emitido el domingo 19 de mayo de 2013 en los estudios de Radio Canelo de San Bernardo.

tema de conversación: el funcionamiento de la cuestionada empresa Water of Patagonia que negocia augas de origen glaciar en el mundo entero.

sintoniza todos los Domingos a las 11:00 hrs en la CB1490 en toda la Región Metropolitana y su señal digital en www.radiocanelo.cl

con la conducción de Luciano Osorio, Rodrigo Díaz Marquez y Juan Manuel Vásquez
una iniciativa del Movimiento en Defensa de la Patagonia y la Coordinadora Juvenil de Oposición de San Bernardo

más información en: rompiendolainercia@gmail.com


http://www.ivoox.com/rompiendo-inercia-36-audios-mp3_rf_2055554_1.html



LOCOMOTORAS MINERO-ENERGETICAS


De aguas y “locomotoras minero-energéticas”
Danilo Urrea, CENSAT Agua Viva
Colombia


Publicado en La Jornada Campo - México. 20 de abril de 2013 - Número 67
http://www.jornada.unam.mx/2013/04/20/cam-aguas.html

Colombia
Para comprender en pocas líneas la situación que se vive en Colombia con el extractivismo, y lo que persigue en este país la locomotora minero– energética (como la ha denominado el gobierno de Juan Manuel Santos), es necesario presentar un contexto general respecto de su historia reciente.

Entre 2002 y 2010, en los dos mandatos del derechista Álvaro Uribe Vélez, se implementó el concepto de seguridad democrática, el cual perseguía, bajo la bandera de la lucha contra la insurgencia, la garantía de la inversión extranjera directa y consolidar las bases para la cohesión social.

Efectivamente, tal garantía se generó por una doble vía: la militarización de los territorios y la construcción de leyes del despojo en el Congreso de la República. El resultado fue el desplazamiento interno de unos cuatro millones de personas y la toma, a sangre y fuego, de ocho millones de hectáreas por parte de grupos paramilitares. En esas tierras se han implementado, o se pretende implementar, los principales megaproyectos, entre ellos grandes emprendimientos mineros y también de represas, plantaciones y agro combustibles.

Con esas condiciones de posibilidad, necesarias pero no suficientes, el gobierno de Juan Manuel Santos puso en marcha la llamada locomotora minero-energética, como principal motor del desarrollo del país. Para febrero de 2012 se habían realizado en Colombia 42 mil solicitudes de explotación minera, principalmente sobre la cordillera de los Andes (que en Colombia se divide en tres, dando origen a las cordilleras occidental, central y oriental) y en donde se encuentran las principales estrellas hidrográficas.

Lo que fue presentado para el país como la gran innovación en materia económica, la locomotora minero energética, en realidad responde a agendas de negocios de carácter empresarial trasnacional y nacional privados, y a imposiciones del Banco Mundial desde la década de los 50s, por medio de su programa Petróleo, Minería y Gas.

Por otro lado, no se puede desconocer que la reprimarización de la economía colombiana, con la minería como el gran sector de reactivación y crecimiento, es producto de la división internacional del trabajo, en la cual los países latinoamericanos se categorizan como proveedores de materia prima y su fuerza de trabajo queda sometida a las definiciones del andamiaje trasnacional con las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) como intelectuales orgánicas del capitalismo corporativo. En este contexto, el balance que se puede hacer del proyecto minero-energético en Colombia es lamentable, y lo que se presenta como grandes soluciones e innovaciones no son más que eufemismos para satisfacer y ahondar estrategias de (re)colonización.

El modelo minero-energético colombiano no responde a los intereses de la clase trabajadora del país, ni de los sectores que históricamente han soportado la economía nacional. Su implementación no ha generado encadenamientos laborales y no entrega beneficios importantes en términos de regalías, pues los marcos regulatorios se elaboraron a principios del siglo XXI al calor de intereses corporativos.

Pero la mayor contradicción que ha presentado la minería en Colombia puede entenderse en términos de conflictos socio ambientales. Aunque los importantes y estrictos debates en términos de explotación laboral o redistribución de la renta minera, entre otros, ocupan a algunos sectores más cercanos a fuerzas políticas partidistas o a impulsores de la pequeña y mediana minería nacional, la generalización de las respuestas al modelo se ha dado por la contradicción que implica para los territorios y las comunidades que les han construido tradicionalmente.

Una de las principales preocupaciones de las comunidades étnicas, e incluso de pobladores urbanos, tiene que ver con la privatización por contaminación que la minería ha generado sobre las aguas. Un resonado caso captó la atención del país cuando la empresa Grey Star solicitó para explotación minera el Páramo de Santurbán.

Los páramos son territorios de alta montaña que por poseer vegetación pionera se convierten en retenedores de agua y en general zonas de carga y recarga hídrica. Existen únicamente en cinco países del mundo y Colombia posee aproximadamente el 63 por ciento de la totalidad mundial. Estudios recientes señalan que más de la mitad de estos territorios están solicitados para explotación minera en el país, a pesar de estar protegidos por la Constitución y las leyes.

Cuando la trasnacional intentó obtener la licencia ambiental para la explotación, la articulación de comunidades campesinas y urbanas de las regiones y ciudades que se surten de las aguas del Páramo, generó una verdadera reactivación de la lucha social en Colombia por la defensa del patrimonio hídrico. En febrero de 2011, más de 40.000 personas marcharon en la ciudad de Bucaramanga exigiendo la negativa de la solicitud; finalmente la presión social llevó a que la empresa retirara el proyecto en los términos inicialmente presentados. (Más de dos millones de personas, de los 44 millones que habitan el territorio nacional, estaban en peligro de desabastecimiento de agua por la explotación minera pretendida en el Páramo de Santurbán).

Sin embargo, además de los procesos exitosos que han logrado evitar la destrucción del ciclo hidrológico integral, como en el caso del Páramo de Santurbán, amplias zonas del país han sido devastadas por la minería y comunidades enteras se han desplazado de sus territorios, con la complicidad de los gobiernos de turno y del Estado, que han violado sistemáticamente los derechos de la población para satisfacer negocios. Estos casos se han dado, entre otros, en el departamento de La Guajira, donde se encuentra una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo, o en el departamento del César, donde más de 20 ríos han desaparecido por el accionar minero. Recordemos que Colombia es el primer exportador de carbón de América Latina y el quinto mundial, con 75 millones de toneladas al año.

La situación de derechos humanos tampoco es la más positiva, pues las zonas de influencia del extractivismo minero concentran altos índices de violencia producto de la descomposición social que trae consigo la actividad.

Día a día crece la oposición a la minería, pues la demagogía gubernamental y la militarización territorial no han conseguido convencer a las comunidades, organizaciones y movimientos sociales de un eufemismo a todas luces impresentable: que la minería traerá el progreso al país y el desarrollo a poblaciones que ancestralmente han garantizado su existencia desde el respeto por la vida, y no de la destrucción de la naturaleza que la garantiza. En la lucha por la defensa de las aguas está la clave de articulaciones de largo aliento. Como se presentó, en esta lucha hay experiencias victoriosas.

La nueva modalidad para enfrentar la lucha territorial y la organización popular en Colombia pasa por la criminalización de la protesta. El 16 de marzo del presente año, mientras se preparaba este escrito, 84 activistas del Movimiento por la Defensa de los Territorios y afectados por Represas Ríos Vivos fueron arrestados y a 12 de ellos se les intentó judicalizar por oponerse pacíficamente a la construcción del proyecto hidroeléctrico Hidroituango. Seguro vendrán tiempos difíciles, no sólo para Colombia sino para el conjunto de los países explotados y entregados a los intereses del capital corporativo. Pero también, con certeza, los movimientos de defensa de la vida continuarán construyendo estrategias de dignificación y resistencia. La lucha continúa...

organizaciones de DDHH denuncian a carabineros por tortura contra comunero mapuche


Organizaciones de DDHH denuncian a Carabineros por tortura contra comunero mapuche

Los tormentos aplicados son de tal magnitud que los registros gráficos y médicos indican que Eliseo Ñirripil Cayupan, fue brutalmente golpeado, amenazado y herido con un alicate, por agentes del estado transgrediendo la Convención Internacional contra la Tortura firmada por el Estado chileno cuyo artículo 1º señala que "Nadie será sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes"

En horas de la tarde del 31 de Julio del 2009 el comunero Mapuche Eliseo Ñirripil Cayupan, miembro del Lof Muco Bajo, comunidad mapuche Mateo Ñirripil Autónoma de la comuna de Lautaro, fue sometido a tratos crueles y degradantes durante la detención que efectuaran efectivos SIPOLCAR de Carabineros. Todos estos hechos se llevaron a cabo posterior a un allanamiento realizado por el personal policial a su comunidad y domicilio.
Testigos de los hechos señalan que “el día 31 de julio del 2009, más o menos a las 18ºº hrs., llegó un contingente de carabineros al domicilio, procediendo a revisar toda la casa, galpones y bodegas en busca de armas y otras especies (…) los que venían en la camioneta ingresaron a mi casa apuntando con sus armas a mi madre y a mi abuela para luego proceder a allanar todo el inmueble. En tanto los tipos que me detienen me esposan continuando con sus golpes en mi cabeza y espalda. Ya esposado me lanzan contra un cerco de alambre de púas que está al lado del corral de las ovejas, producto de lo cual resulte con un corte con el dedo medio de la mano derecha” (1).
Posterior a esto, Eliseo Ñirripil fue esposado y lo condujeron hasta el vehículo policial señalando que “los funcionarios me propinaron puñetazos en diferentes partes del cuerpo, además de varias patadas, a la vez que e insultaban haciendo referencia a mi condición de mapuche” (2)
Al ser transportado en un vehículo fiscal hacia la Comisaria de Lautaro fue amenazado e intimidado, lo trataron de asfixiar y como “guardaba silencio” ante las preguntas que los miembros de carabineros de Chile le hacían, estos procedieron a “apretar sus zonas pectorales” con un alicate, al momento que le decían “Ahora si vai a conocer el dolor”. Señala el comunero que “En la vuelta Miraflores, al frente de la familia Catalán por donde corre un canal, me preguntan por gente que no conozco. El chofer me tiro el pelo como cuatro veces, diciéndome: “colabora indio culiao” y ante mi negativa detiene el vehículo y dice: "bajen a este hueón, háganle un submarino". (3)
Ya en la comisaria de Lautaro, el personal aprehensor le ofrecería dinero, estudio, trabajo todo a cambio de que culpara a otros comuneros mapuche.
Las lesiones causadas serian constatadas y fotografiadas mas tarde en el hospital de Lautaro. Según consta en certificado Nº 1335012 de atención de urgencia del centro asistencial, las lesiones sufridas por el comunero mapuche corresponderían a “GOLPE EN LA CABEZA, COMPRESIÓN CON ALICATE EN AMBAS ZONAS PECTORALES, CORTE CON ALAMBRE DE PÚA EN EL DEDO MEDIO DERECHO”.
En el control de detención a que fue sometido el 1 de agosto en el Tribunal de Lautaro, fue la misma jueza de garantía, doña Karina Muñoz Paredes, que ante la denuncia presentada resuelve que se “remitan los antecedentes como denuncia a la Fiscalía Militar para que se investigue el posible delito de maltrato (…) respecto de los funcionarios de Carabineros que participaron en la diligencia” (4). Y ordena ser evaluado por el Servicio Médico Legal.
Un mes después, el 31 de agosto el tercer Tribunal Militar por intermedio de la Fiscalía Militar Letrada de Temuco cita a declarar al comunero acerca de lo ocurridos y comienza una serie de diligencias destinadas esclarecer los hechos constitutivos de delitos dentro del fuero militar, que incluyen tanto el delito por el que fue detenido, como los posibles delitos cometidos por los funcionarios policiales.
Sin embargo, y pese a existir abundante evidencia de los hechos denunciados el Tribunal Militar de Valdivia se declara incompetente para seguir conociendo la causa rol 1024-2009, trasladando los antecedentes el Juzgado de Garantía de Lautaro.
Éste por su parte continúa investigando el delito que dio pie a la detención, pero también se declarará incompetente con la investigación iniciada por el delito de Tormentos a detenidos por empleado público, trasladando los antecedentes nuevamente a la Fiscalía Militar de Temuco.
El 1 de julio del 2010, Pedro Ñirripil, padre del comunero interpone una querella criminal ante el Tribunal de Garantía de Lautaro por los delitos de Apremios ilegitimas, vejación injusta contra particulares y obstrucción a la investigación. En septiembre del mismo año el tribunal se declara incompetente y envía los antecedentes a la Fiscalía Militar.
Por su parte, Juzgado Militar de Valdivia prosigue investigando el delito, logrando identificar a los presuntos responsables, individualizando a los funcionarios de la SIPOLCAR Cautín como el Sargento 2º Juan Escobar Daza y el Sargento 2º Alberto Cortes Savala.
Sin embargo en diciembre del 2011 el Tribunal Militar decreta el cierre de la investigación, dictando el Sobreseimiento Total y temporal de la causa en enero del 2012. No obstante lo anterior los abogados y la familia de Eliseo solicitaron la reapertura de la investigación, la que fue dada a lugar reiniciándose nuevamente el proceso judicial.
El Abogado de CIDSUR Sebastián Saavedra Cea, uno de los patrocinantes de la denuncia señala que: ”la actuación llevada a cabo por funcionarios de Carabineros de Chile satisfacen integralmente tanto el tipo penal de detención ilegitima todo en grado de consumados, correspondiéndoles a los presuntos responsables una participación criminal. Así también, en el proceder de carabineros es dable constatar los tipos penales de Vejación injusta en contra de particular y Obstrucción a la Investigación.” (5)
En este contexto, las organizaciones de DD.HH de la región de la Araucanía abajo firmantes expresan ante estos hechos que:
1. Los tormentos aplicados son de tal magnitud que los registros gráficos y médicos indican que Eliseo Ñirripil Cayupan, fue brutalmente golpeado, amenazado y herido con un alicate, por agentes del estado transgrediendo la Convención Internacional contra la Tortura firmada por el Estado chileno cuyo artículo 1º señala que "Nadie será sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes"
2. Lamentamos que ya se haya hecho una constante en Chile que policías civiles y uniformados que han realizado allanamientos a varias comunidades en la zona de la Araucanía, cometan excesos constitutivos de delitos que afectan los derechos humanos de las personas y que estos hechos queden en la total impunidad.
3. Instamos a los órganos competentes a investigar de manera urgente tan deleznables practicas realizadas por agentes del estado y sancionar de manera ejemplar a los policías involucrados en estos actos que constituyen de por sí un violación de los DD.HH.
4. Solicitamos al mecanismo nacional establecido bajo el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura que ha colocado en funcionamiento el INDH, se haga parte de esta denuncia y exija el total esclarecimiento de estos hechos.
5. Finalmente, llamamos a la opinión pública a denunciar todo acto de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes que puedan sufrir a manos de agentes del Estado. Por nuestra parte enviaremos todos estos antecedentes a la Organización Mundial Contra La Tortura OMCT y al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Comisión Ética Contra la Tortura – Temuco.
Centro de Investigación y Defensa SUR.
Agrupación de Familiares de Detenidos Desapercidos y Ejecutados Políticos de la Araucanía.


Notas:
1. A Fojas Nº 5 de la causa Nº 1024-2009. Tribunal Militar de Valdivia.
2. Idemn.
3. Idemn.
4. Tribunal de Garantia de Lautaro, Acta de Audiencia del Control de la detención en causa rit 738-2009, 1 de agosto del 2009.
5. Sebastián Saavedra Cea, Abogado del Centro de Investigación y Defensa SUR.

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